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El Rol del Estado de garante del Derecho humano a la Educación

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En nombre de Universidad de Arte y Ciencias Sociales, ARCIS, de Chile quiero agradecer la invitación que se nos ha hecho a participar de este encuentro.


Nuestra presencia en este debate latinoamericano se realiza en momentos muy especiales para el futuro de la educación en nuestro país. Este año se han desarrollado en Chile las movilizaciones estudiantiles y ciudadanas más importantes de los últimos cuarenta años para exigir una profunda reforma a la educación.

Una movilización que comenzó en las universidades como un alegato contra el fin del lucro y la especulación financiera en la educación, pero que con el paso de los días se fue transformando en un clamor nacional por transformaciones radicales en la calidad, pertinencia, financiamiento e institucionalidad de la educación chilena, en general, y la educación universitaria, en particular. Sin embargo, ese alegato profundo de la ciudadanía es también un cuestionamiento radical contra todo el modelo económico social y por el papel que debe jugar el Estado chileno en garantizar los derechos de las personas.

Nuestra universidad ha expresado públicamente su apoyo y respaldo a las movilizaciones que hoy se verifican en las calles de las principales ciudades de nuestro país. Así, hemos marchado con los estudiantes universitarios, los estudiantes secundarios, con los profesores y con los académicos que propugnamos un cambio de fondo en el sistema educacional chileno.

UNA UNIVERSIDAD PRIVADA CON VOCACIÓN PÚBLICA

¿Por qué motivo un rector de una universidad privada como la nuestra participa en las movilizaciones callejeras por la reforma de la educación? Más aún, ¿porqué una universidad se involucra activamente en la lucha demandando una educación de calidad, pública y gratuita como lo demanda la CONFECH?

El motivo se encuentra en el propio carácter de nuestro proyecto académico universitario y en el proceso histórico que ha construido nuestra identidad como establecimiento de educación superior.

Somos una universidad privada, sin fines de lucro, con vocación de inclusión social y con fuerte compromiso ciudadano. Somos uno de los pocos proyectos educativos democratizadores que sobrevivieron al régimen militar y que no fueron aplastados por el campante neoliberalismo en la educación superior chilena. Sin recursos, expuesta a la represión y a la censura bajo la dictadura, sin apoyos institucionales ni corporativos en la transición democrática, se fue forjando aquello que en la tradición educativa se denomina Alma Mater.

En tal sentido, la reflexión y debate sobre el Derecho a la Educación se encuentra en el “ethos” de nuestra Casa de Estudios. En efecto, el proyecto académico de  Universidad de Arte y Ciencias Sociales nace desde la convicción y el compromiso de creadores, académicos e intelectuales por un país donde se respeten los derechos humanos, la libertad de pensamiento y la diversidad cultural. Un proyecto académico donde la educación no es una mercancía transable en el mercado, sino un derecho de las personas y un instrumento para formar ciudadanos libres, críticos e informados sobre el destino de su propio país.

En un contexto donde se enseñoreaba la represión política, la persecución ideológica y la marginación cultural de las fuerzas e ideas democráticas, a comienzos de los años 80 se crea este proyecto académico que se propone vincular la creación artística de avanzada, los saberes críticos, el pensamiento contemporáneo y la formación de alternativas sociales, políticas y culturales al orden establecido.

Con una inquebrantable voluntad de hacer una educación libre y crítica en medio de la oscuridad, libre de persecuciones al pensamiento y a la creación,  Universidad ARCIS se fue construyendo desde los nobles materiales que surgen de la fuerza de los sueños por una sociedad mejor y más justa para todos.

Partimos en una pequeña sede el año 1981 y hoy contamos con sedes en Santiago y regiones; partimos con cinco carreras de arte y ciencias sociales, hoy tenemos una oferta de más de 30 carreras, más de treinta postítulos,  Maestrías y Doctorados.

Tenemos más de 8.000 egresados de nuestras aulas en este período; y contamos con un cuerpo de destacados académicos, que han obtenido reconocimientos nacionales e internacionales por la calidad de sus investigaciones y sus creaciones artísticas.

Junto a ello, nuestra Universidad también ha recibido importantes visitas de personalidades extranjeras e intelectuales que han dictado cátedra en nuestros recintos. Destacamos entre ellos a Erick Hosbawm, Jacques Derridá, Néstor García Canclini, Jacques Ranciére, Beatriz Sarlo, Alain Touraine, Toni Negri, Emir Sader, Benjamín Arditi, Baltazar Garzón, Adolfo Pérez Esquivel, Ernesto Laclau, entre muchos otros.

Así, han pasado tres décadas desde que un grupo de académicos y creadores perseguidos por la dictadura militar, tomaron el compromiso de construir un espacio académico, intelectual, creativo, que se pensaba como un espacio de libertad de pensamiento, de creación artística de vanguardia y de fuerte compromiso social.

Gracias a ese grupo de visionarios académicos, trabajadores y estudiantes, se fue formando una identidad, una cultura, una forma de ver y de enfrentar la realidad chilena. Una identidad institucional construida por profesores, estudiantes y trabajadores, que han luchado por construir una institución de educación superior de excelencia y calidad académica. Una institución concebida como un espacio académico donde los Saberes Críticos y el Pensamiento Contemporáneo se amplían y se desarrollan. Una Universidad que es reconocida como un espacio de creación de avanzada, de reflexión crítica y debate democrático.

En estos 30 años hemos aprendido a sospechar de los autoritarismos. Hemos aprendido a rechazar los sectarismos, los dogmatismos y los integrismos. Así, desde 1981, hemos construido una identidad surgida de la fuerza de los sueños por una sociedad mejor, pluralista y diversa para todos y para todas.

En estos 30 años nos hemos definido como una Universidad con un profundo compromiso con la defensa de los derechos fundamentales de las personas. Y que hace de la defensa de los derechos sociales, políticos y culturales de las grandes mayorías, su horizonte intelectual, ético y moral. Y es desde ahí que leemos los fenómenos que hoy ocurren en nuestro país y en el mundo.

EL DERECHO A LA EDUCACIÓN Y LA DOCTRINA DE LOS DERECHOS HUMANOS

Como abogado de víctimas de violaciones a los derechos humanos bajo la dictadura militar chilena, la cuestión de cómo aseguramos y promovemos los derechos individuales, civiles, políticos, sociales, económicos y culturales en nuestro país y América Latina, ha sido un elemento central al momento de definirnos ética y políticamente ante la sociedad que nos ha tocado vivir.

En ese contexto, hemos sostenido desde hace años que el derecho a la educación juega un rol fundamental y estratégico para el conjunto de la doctrina de los derechos humanos. En efecto, el derecho a la educación se encuentra consagrado en múltiples instrumentos del derecho internacional desde el año 1948, siendo un derecho esencial que la humanidad intenta resguardar como forma de asegurar su propia subsistencia. Al consagrarlos como un derecho fundamental de las personas y los pueblos, la comunidad internacional deja establecido que los mismos no son privilegios de algunas personas, clases sociales, razas, credos religiosos o estamentos sociales.

¿Qué hay tras esto? En realidad lo que está tras este planteamiento es una visión de la educación como un instrumento civilizatorio, donde se construye ciudadanía y las oportunidades de progreso individual y colectivo. Es el instrumento que permite consagrar, preservar, garantizar, difundir, ampliar y profundizar los derechos fundamentales de las personas, requisitos para una convivencia pacífica.

Más aún, la propia doctrina de los derechos humanos sostiene que deben ser las propias sociedades, a través de sus Estados, los garantes de los derechos humanos consagrados en los instrumentos del derecho internacional. Por lo mismo, es deber del Estado garantizar los derechos humanos, en general, y el derecho a la educación, en particular.

CHILE: LA EDUCACIÓN COMO PRIVILEGIO Y NO COMO DERECHO

La masiva y sistemática violación a los derechos humanos de las personas bajo la Dictadura Militar chilena no sólo significó un abandono de la responsabilidad del Estado de proteger los derechos individuales de las personas: como el derecho a la vida, el derecho a la libertad de pensamiento y de expresión, o el derecho a la integridad física y psicológica de las personas. También significó una política explícita y sistemática de abandonar el papel de garante de los derechos sociales, políticos y culturales de la sociedad chilena toda.

En efecto, junto a las políticas represivas desarrolladas por la Dictadura militar en las décadas de los 70 y 80, se verificó un verdadero desmantelamiento del Estado de Bienestar construido durante el siglo XX en nuestra patria. Así, junto con privatizar las empresas públicas y los activos estatales, se privatiza la gestión de la salud, de la previsión social y de las viviendas sociales. Del mismo modo, a comienzos de los años 80 se entrega la educación pública primaria y secundaria a los municipios, desfinanciándola y precarizándola, mientras desde el Estado se promueve la creación de establecimientos educacionales privados y subvencionados por el Estado.

En el campo del sistema universitario, el año 1981 se inicia una profunda reforma del sistema de educación superior. Mientras se interviene ideológicamente las universidades, se reprime a académicos y estudiantes, se divide institucionalmente, se desmantela y se fragmenta a las universidades del Estado. Se disminuyen drásticamente los aportes públicos directos a las universidades públicas y se les exige por ley el autofinanciamiento por la vía de ajustarse a las normas de un mercado educacional en ciernes. En paralelo, se generan un conjunto de disposiciones para crear universidades creadas y gestionadas por privados, motivo por el cual se desarrollan incentivos, facilidades y recursos estatales directos para organizar un sistema privado de educación superior. El propósito explícito era generar “oportunidades de mercado” para que inversionistas privados pudiesen lucrar con la educación.

Lo anterior provoca un acelerado proceso de liberalización y privatización del sistema educacional chileno, donde el eje predominante en los últimos 30 años –por sobre el fortalecimiento de la educación pública- ha sido la generación de mecanismos para la incorporación de privados a la gestión educativa y la creación de más y nuevos incentivos económicos, financieros y tributarios para lograr que tales inversiones resultasen rentables en el tiempo. Esta es la expresión concreta de la voluntad del Estado de renunciar a ser garantes de los derechos sociales de las personas.

Se podría sostener que producto de la orientación ideológica de la Dictadura Militar chilena dicho enfoque sería cuestionado y revertido en el marco de los gobiernos democráticos. Sin embargo, a pesar del indudable compromiso de la clase política chilena opositora a Pinochet con la causa de los derechos humanos, es evidente que ellos -porque no pudieron o porque no quisieron- no han logrado los cambios que permitieran asegurar el papel del Estado como garante de los Derechos Sociales, especialmente en la educación.

Incluso más, bajo los gobiernos democráticos se profundizó el proceso de liberalización y privatización del sistema educacional chileno. Sin ir más lejos, el año 1994 se aprobó una ley que permite el “financiamiento compartido” de la educación pública y privada subvencionada: es decir, que las familias pueden aportar adicionalmente a los establecimientos educacionales recursos para financiar matrículas y aranceles. El resultado: un sistema educacional privado co-financiado entre las familias y el Estado, donde los dueños de los establecimientos educacionales tienen utilidades sobre el 40% (y libres de impuestos).

A partir de esos simples antecedentes, hemos querido sustentar nuestra mirada crítica respecto a la forma en que la educación chilena se fue consolidando como un servicio, como una mercancía, como un “bien de consumo” como la definiera el actual Presidente de Chile.

En los últimos 30 años, la política del Estado ha tenido como eje la incorporación de los privados a la gestión educativa y la creación de incentivos económicos, financieros y tributarios para lograr que tales inversiones resultasen rentables en el tiempo. Es decir, el Estado ha renunciado a ser garante del derecho a la educación que tienen las personas en Chile, asumiendo la visión neoliberal en torno a la educación: que esta es un privilegio y no un derecho social (1).

Al abandonar el Estado -legal y prácticamente- su condición de garante de los derechos de las personas, se plantea que debe ser el mercado el mecanismo a través del cual se satisface esa demanda desde las familias y las personas. Y, por lo mismo, que la calidad y pertinencia de este “servicio educacional” dependerá de la capacidad de pago de esos “clientes”: capacidad de pago que provendrá de los ingresos o de la capacidad de endeudamiento de las personas o las familias.

En esa misma dirección, es importante señalar que el enfoque dominante en las élites chilenas es que la Educación es exclusivamente el sistema que tiene la sociedad para formar una fuerza de trabajo calificada; que los establecimientos educativos son meros generadores de habilidades y competencias técnicas que permitan la empleabilidad de sus egresados; y que la calidad y excelencia académica se ha transformado en un privilegio al cual sólo pueden acceder quienes posean los ingresos familiares o la capacidad de pago de ese servicio. Incluso, de más está decir que los criterios vigentes sobre calidad y excelencia están vinculados a empleabilidad, competencias laborales y vinculación con el mercado del trabajo.

Esos criterios de evaluación que, en un cierto contexto, podrían ser aplicables a la educación técnico-profesional, en la actualidad se han extendido a la educación primaria, secundaria y universitaria.

Por otra parte, en la educación superior chilena se ha privilegiado el incremento de la cobertura y la universalización del acceso. La liberalización de la educación superior significó pasar de una matrícula de 150 mil estudiantes el año 1981 a más de un millón en la actualidad, en un proceso que privilegió la cobertura educacional por sobre la calidad de la educación. En este sentido, desde el 25% de la población juvenil entre 18 y 25 años que a mediados de los años 80 cursaba algún tipo de enseñanza post-secundaria, en la actualidad cerca del 65% cursa algún tipo de estudio post-secundario. Además, en el período 1980-2010 la matrícula universitaria aumentó desde el 8% de la población entre 18-25 años, hasta el 45% aproximado actualmente.

En paralelo, según un reciente informe de la OCDE y del Banco Mundial, el costo de la educación superior en Chile se ha incrementado a niveles insostenibles: “los aranceles de las universidades chilenas están entre los más caros del mundo, sólo bajo los de Estados Unidos, triplican los de Italia, cuadruplican los de España y son 19 veces más caros que los de Francia”.

En ese contexto, el aporte fiscal a la educación superior no supera el 20% de los costos, recayendo el grueso del pago en los estudiantes y en sus familias. Y, como el 60% de la matrícula universitaria no está en condiciones de pagarlos, sencillamente se endeuda en el mercado de créditos para la educación que ofrece el sistema financiero chileno. En tal sentido, la capacidad de endeudamiento familiar es la oportunidad de educación a la cual puede acceder un estudiante chileno; a mayor ingreso familiar, mayores oportunidades de créditos y mejor calidad de la educación adquirida; a menores ingresos, menor es la calidad de la educación a la cual se puede acceder. Es la forma histórica y concreta en la cual la educación se transforma en un privilegio para unos pocos en la hora actual.

Pero junto con eso, la actual movilización estudiantil también ha hecho evidente a toda la sociedad una serie de otros insoslayables problemas asociados a esta concepción elitista de la educación:

- El 65% de los alumnos de los quintiles más pobres deserta de la universidad, principalmente por problemas económicos; y un porcentaje importante por razones de bajo capital cultural, ya que provienen de liceos y colegios de baja calidad de enseñanza.

- Los universitarios se encuentran endeudados con la banca privada en un promedio de US$ 55 mil al egresar y destinan hasta el 25% de sus ingresos a pagar esa deuda al sistema bancario los primeros 10 años de vida laboral;

- El 56,7% de los jóvenes no trabaja en lo que estudió y en Chile hay el doble de profesionales que técnicos en carreras sin campo laboral, en circunstancias de que en los países de la OCDE, la proporción es inversa;

- La baja regulación de la educación superior ha significado la proliferación de universidades privadas de escasa excelencia académica y dudosa calidad.

Todos esos antecedentes son el resultado de una política en la que el Estado renuncia a ser garante del derecho a la educación, a la vez que propugna que la enseñanza universitaria es un privilegio asociado a la capacidad de consumo de las personas y las familias.


REBELIÓN CIUDADANA Y UNIVERSIDAD PARA EL SIGLO XXI

El bajo aporte del Estado en el financiamiento de la educación superior, unido al incremento en el endeudamiento familiar para acceder a la educación superior llegó a un punto crítico el año 2010. Pues, mientras los estudiantes y sus familias desfallecían por poder costear sus estudios y parte importante debía renunciar a sus sueños por motivos económicos, nos enterábamos por los diarios que varias universidades privadas tenían ganancias por sobre los cien millones de dólares; que varias cambiaban de propiedad en mediáticas y hostiles adquisiciones por varios cientos de millones de dólares; que las universidades privadas invierten anualmente millones de dólares en publicidad, siendo en la actualidad el sector que ocupa el tercer lugar entre los anunciantes publicitarios en Chile, tras las compañías de telefonía móvil y las empresas de “retail” (supermercados y multitiendas). Como lo expresó en entrevista pública un alto ejecutivo de la Bolsa de Santiago: “invertir en universidades es uno de los grandes negocios que hay en Chile…Este es un negocio de servicios educativos, financieros e inmobiliarios en crecimiento” (Ramón Valente, Director Fondo IGB-Halcón, ex presidente directorio Universidad Santo Tomás).

Todo lo anterior puso en evidencia la existencia de universidades de calidad dudosa y de altas rentabilidades. Y se puso en el debate público la cuestión del lucro en la educación universitaria: entendido no sólo como ganancias desmedidas; sino como utilidades no reinvertidas en los propios establecimientos y retiradas por los dueños a través de diversos subterfugios legales, pues en Chile las universidades deben ser por ley “corporaciones privadas sin fines de lucro”. En suma, quedó en evidencia que no se estaba respetando la ley y que el Estado hacía la vista gorda ante estas situaciones, profundizando su renuncia a garantizar los derechos de los ciudadanos, a fin de garantizar las ganancias a los poderosos.

Lo que hoy les he referido en la actualidad se encuentra altamente criticado y cuestionado por la sociedad chilena. El estallido social iniciado por estudiantes universitarios y secundarios, posteriormente apoyados por organizaciones sociales y ciudadanas, ha significado que el 80% de la ciudadanía apoye la demanda por una reforma profunda al sistema educacional chileno.

Sin embargo, si creyéramos que esta es una simple demanda corporativa por la educación universitaria, no se estaría comprendiendo lo que se está canalizando en esta rebelión ciudadana: acá se está cuestionando radicalmente un modelo económico-social sustentado en el abuso a las personas, en el sobreendeudamiento en la banca de las familias para acceder a la educación,  a la salud, a la previsión social, a la vivienda, puesto que ya no son derechos sociales, sino negocios para unos pocos. El estallido social es contra quienes abusan de los consumidores, abusan de sus trabajadores, abusan de los clientes con intereses usureros, a la vez que contra una clase política que ampara esas prácticas y abusa de sus posiciones de poder.

En tal sentido, el gobierno chileno sabe que la actual movilización educacional está abriendo las puertas al cuestionamiento de la salud privada, de la previsión social privatizada, de la vivienda social privada, de la regulación a las empresas de servicios financieros y a los proyectos de alto impacto medioambiental. Porque ellos saben que la crítica a la educación es en el fondo una crítica al modelo económico-social vigente actualmente en Chile.

En nuestra visión, el estallido social verificado en Chile también tiene que ver con una sociedad que se siente estafada con el Mito de la Educación que construyó la derecha neoliberal bajo el régimen de Pinochet y que después fue hecha propia por los gobiernos democráticos post-dictadura.

El modelo económico-social chileno se ha fundado en la noción de cohesión social basada en la idea de oportunidades creadas por el mercado.  Este modelo se ha asentado en las expectativas de movilidad y progreso social de la población; expectativas que le han permitido soportar elevados niveles de desigualdad, como el precio a pagar por las oportunidades que vienen. Y el mecanismo que la clase dirigente les ha indicado a las familias para cumplir sus esperanzas es la Educación. Al respecto, es curioso observar que tanto gobierno y oposición en Chile sostienen públicamente que la Educación les abrirá las puertas a los más jóvenes a una vida liberada del esfuerzo y de las humillaciones que los padres han tenido que aceptar para ofrecerles lo que ellos no tuvieron: educación y un futuro cuyo único límite es el talento de cada uno.

Éste fue el contrato social tácito de la transición democrática y los gobiernos de la Concertación: "Ustedes aceptan el modelo y postergan otras demandas, y nosotros les garantizamos, vía educación, que vuestros hijos alcanzarán una vida nueva". Los chilenos lo aceptaron. Prueba de ello es que destinan a educación un porcentaje de sus ingresos que está entre los más altos del mundo.

Ahora bien, por educar a sus hijos, los chilenos y chilenas se han resignado pasivamente a las condiciones laborales y de endeudamiento que se les han impuesto. Sin embargo, ya no pueden más; ahora ven que la recompensa no es tal. Confirman diariamente que la educación no es la panacea; y menos ésta y a este costo. Se sienten engañados. Han hipotecado sus vidas -piensan- por una quimera...

La rebelión, entonces, no es simplemente contra el costo del crédito que les permitiría alcanzar una educación de calidad. Es contra un modelo económico-social y contra un “relato” justificatorio que nació de la derecha, pero que fue hecho propio por los gobiernos de la Concertación Democrática: que la educación es la madre de todas las victorias; que da lo mismo si su provisión es pública o privada, con tal de que dé cabida a todos; que no importa que sea cara, porque sus beneficios compensarán ese costo; que la calidad puede ser mala, pero que se irá arreglando automáticamente.

Implícitamente, ese relato sostenía también que las energías individuales había que ponerlas en estudiar, no en promover cambios estructurales, y que las reformas en otros campos, como el laboral, debían resignarse para dar prioridad a la educación: ésta, en efecto, curaría a la sociedad de todos sus males.

Para cientos de miles de familias ese relato es ahora una estafa. Y acusan a los grupos dirigentes de haberlos embarcado en un sistema que los devora y que no cumple su promesa básica. De utilizar el relato educacional como antídoto para contener otras demandas y reivindicaciones. En fin, de haber fundado la paz social en un engaño.

Lo que está en tela de juicio no es la educación: es un modelo fundado sobre el mito de que la Educación colma todas las ilusiones. La salida no está en reparar ese mito, sino en quebrar con él e ir al fondo del asunto.

Y el fondo del asunto es que debemos transitar hacia un modelo de progreso social sustentado en derechos garantizados por el Estado. Derechos ya consagrados en los instrumentos internacionales de derechos individuales, civiles, políticos, sociales, económicos y culturales de las personas, así como en la ampliación y profundización de los propios regímenes de libertad democrática.

Es ese el contexto desde el cual habla Universidad ARCIS: desde la mirada profundamente cuestionadora del orden social vigente; desde la indignación moral que nos provoca un sistema educacional universitario diseñado para generar mayores ganancias para bancos, inmobiliarias, fondos de inversión financiera y grandes empresarios (que son los actuales dueños de la mayoría de las universidades privadas en Chile).

Hablamos desde una visión de la educación como mecanismo para la formación de ciudadanos con pensamiento crítico, reflexivos, tolerantes y democráticos. Hablamos desde la doctrina universal de los derechos humanos.

Por eso, estimamos que en la actualidad existen en Chile los instrumentos legales y administrativos que permitirían al actual gobierno iniciar una profunda reforma a la Educación en la dirección de asegurar el derecho a la educación. En efecto, después del fin de la dictadura militar, el Estado de Chile ha suscrito una serie de instrumentos internacionales de Derechos Humanos. Uno de ellos, es el “Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales” de 1966, que en Chile es ley de la república desde el año 1989. Dicho texto, en su Artículo 13, establece que los Estados reconocen el derecho a la educación de las personas, que la enseñanza primaria y secundaria debe ser gratuita y que la enseñanza universitaria debe ser asequible y progresivamente gratuita. Del mismo modo, el citado cuerpo jurídico reconoce la libertad de enseñanza y la libertad de los particulares a establecer y dirigir instituciones distintas del Estado.

Si a dicho instrumento le agregamos las propias normas que están en la actual Constitución Política del Estado de Chile y las propias leyes que regulan a las universidades privadas, se podría avanzar sustantivamente en la dirección deseada por la ciudadanía. Pero todo eso tiene un requisito que hoy no existe: la voluntad política de hacer del Estado un instrumento que garantice los derechos de las personas y los ciudadanos. Esa voluntad hoy no la tienen nuestros gobernantes.

No estamos solos en Chile en este esfuerzo. Por un lado, nuestra visión cuenta con el apoyo de varias otras universidades con las cuales compartimos esta mirada y con las cuales hemos creado un referente para oponernos a la visión de las universidades de la derecha económica y el conservadurismo integrista; y, por otro lado, cuenta con el respaldo de la dirigencia del movimiento estudiantil, toda vez que hemos levantado con fuerza que la educación es un derecho universal y no un privilegio para los privilegiados de siempre.

Por todo eso también hemos conectado y hemos apoyado la rebelión estudiantil, pues entendemos que esta es una lucha por ampliar y profundizar los derechos de todos y todas. Fue nuestro compromiso personal en la lucha contra la dictadura y sigue siendo nuestra lucha de cara al siglo XXI.

Muchas Gracias.

CARLOS MARGOTTA T.
Abogado.
Rector Universidad de Arte y Ciencias Sociales, ARCIS (Chile)

Referencia:
(1) A modo de anécdota, a propósito de la promulgación de la Ley de Universidades por Pinochet, su entonces Ministro de Educación y actual rector de una universidad privada en Chile señaló públicamente que “la educación superior es un privilegio y no un derecho como piensan los de mentalidad socialista”. Eso motivó el inicio de un proceso de movilización estudiantil que sólo finalizó con la derrota de Pinochet.